LOS GASTOS IMPROPIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

LOS GASTOS IMPROPIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS
Por José Luis García Sánchez (PSM)


El pasado día 18 de marzo tuve la oportunidad de defender una PNL sobre la necesidad de que el Gobierno regional abone a los Ayuntamientos la deuda de mil seiscientos millones por el ejercicio de competencias impropias y de las que es titular la Comunidad de Madrid.
Después de rapapolvo que lleno de demagogia y mentiras lanzó la portavoz del PP para oponerse a las realidades que resumidamente fui describiendo a lo largo de mi intervención, un diputado del PP y alcalde a la salida del hemiciclo me dijo que le hubiese encantado votar con nosotros porque tenía más razón que un santo. Esto de la santidad debe ser por la cercanía con la Semana Santa y ya sabemos con qué pasión se vive estas fiestas religiosas por estas tierras madrileñas, especialmente de todos aquellos que inundan las carreteras para acceder a la costa.
Aunque me temo que este diputado-alcalde lo que me manifestaba claramente es que los ayuntamientos realizan funciones que no les corresponden y realizan gastos impropios, que se le deben exigir a quien tiene la competencia. Para ver las competencias hay que leer el Estatuto de Autonomía, a partir del artículo 26, que luego se refleja con exactitud en la ley 3/2003, de 11 de marzo, sobre desarrollo del Pacto Local, que enumera claramente las quince competencias de la que es responsable la Comunidad de Madrid y que parcialmente son asumidas por los Ayuntamientos.
Estas funciones son asumidas especialmente por la deficiente calidad de los servicios que presta la Administración autonómica, pero en la mayoría porque son programas nuevos que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, en los que el Ayuntamiento es mero colaborador, creando una nueva demanda y un nuevo servicio, que con el transcurso del tiempo se irá abandonando por el Gobierno regional pero que al Ayuntamiento no le quedará más remedio que continuar con él.
El último caso, el más reciente, ha sido la supresión de la financiación de los CAPIS, montados y financiados por la Comunidad de Madrid, que ha permitido por primera vez en la historia de esta región que todos los municipios facilitasen el acceso a las nuevas tecnologías. Todos los municipios están intentando mantener a duras penas este servicio, que se ven abandonados por el Gobierno Regional. O como en el caso de Getafe, que tienen un centro en cada barrio, y ahora ha visto el Ayuntamiento se ve abocado a mantenerlo, efectuando un nuevo agujero en sus arcas municipales.
Otro ejemplo claro es aquel que efectuó la Consejería de Educación para que se suprimiesen los conservatorios de grado elemental a cambio de que existiesen escuelas de música en la mayoría de los municipios. Todo eran facilidades para promover la necesaria educación musical, los ayuntamientos creyeron en el proyecto que venía de la mano de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que felizmente han aumentado el número de alumnos y las aportaciones municipales frente a la ultra congelación de las subvenciones de la Comunidad de Madrid. Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Cercedilla en el año 2009 aportó para la escuela de música 308.000 € y la Comunidad de Madrid, 18.000 €, una auténtica miseria.
Pero, si me refiero a la atención sanitaria, la casuística es variopinta, tal como expliqué brevemente en la referida intervención, pero con la última que he conocido podría escribirse un guión para una película de Berlanga. El municipio de Zarzalejo, con 1500 habitantes y con un presupuesto cercano a los 600.000 € se ve obligado a vender parte de su patrimonio para construir un nuevo consultorio medico local. Este Ayuntamiento tiene que adelantar 400.000 € de su presupuesto, que en los tiempos actuales tiene que estar muy sobrado, para construir un nuevo consultorio, con la promesa verbal de que algún responsable regional de que algún día le devolverán 150.000 €. Sinceramente, una vergüenza.
Por tanto, ya está bien de mentiras y de engaños, la financiación de los ayuntamiento depende de las Comunidades Autónomas y menos de las exiguas arcas del Estado. Si la Comunidad de Madrid les pagase a los ayuntamientos lo que legalmente les corresponde, ésos estarían en mejor situación económica que la actual. Ya es hora que pongamos el foco en el que tiene la responsabilidad y los recursos, transferidos en diversas etapas por el Estado. Por ello, en esta iniciativa emprendida por Tomás Gómez de exigir a la Comunidad de Madrid que pague lo que debe a los Ayuntamientos, tiene más razón que un santo, como me decía el alcalde-diputado.